Caso de apremios ilegales en Ulapes: «La pena por tortura es de 25 años, es un hecho muy grave institucionalmente»

El fiscal Julián de la Colina confirmó que ocho efectivos de la Policía de Ulapes fueron imputados en el marco de la investigación por los presuntos apremios ilegales y torturas denunciados por dos ciudadanos mendocinos en la comisaría de dicha localidad, y aseguró que se trata de «un hecho muy grave institucionalmente» por las características del caso.

El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que la causa se encuentra en una etapa inicial, aunque destacó el importante avance de la investigación, que pasó de 28 a 650 fojas en poco más de un mes. Según indicó, ya existe un 90% de la prueba reunida para que el juez pueda adoptar las medidas correspondientes.
Las imputaciones alcanzan a los cinco policías que se encontraban de guardia al momento de los hechos, además del comisario, el segundo jefe y otro oficial. Entre los delitos atribuidos figuran privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales agravados, retención de personas agravada, tentativa de abuso, torturas y encubrimiento doblemente agravado. De la Colina recordó que el delito de torturas contempla penas de hasta 25 años de prisión.

El fiscal también reveló que durante la investigación se detectó la desaparición del libro de guardia de la dependencia policial y que una persona de alta jerarquía fue imputada por no haber informado oportunamente a sus superiores sobre lo ocurrido.
Respecto de la situación procesal de los acusados, señaló que los ocho policías solicitaron la eximición de prisión, aunque el juez aún no resolvió si hará lugar o no a esos pedidos. Además, la Fiscalía solicitó que cada imputado cuente con su propio defensor para garantizar plenamente el derecho de defensa durante el proceso.

De la Colina explicó que el próximo paso será que el juez convoque a los testigos para que ratifiquen, amplíen o profundicen sus declaraciones, audiencias a las que deberán ser notificados los abogados defensores. Posteriormente se realizarán las indagatorias, instancia en la que se informará formalmente a cada imputado cuáles son los delitos y hechos que se les atribuyen. Recién entonces podrán declarar o hacer uso de su derecho a abstenerse.
En relación con las pruebas recolectadas, el fiscal informó que fueron secuestradas bolsas de consorcio que presuntamente habrían sido utilizadas para intentar asfixiar a las víctimas, además de varillas de lampazos, historias clínicas, informes médicos, teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad y numerosos testimonios. También confirmó que uno de los denunciantes sufrió lesiones de gravedad, entre ellas dos costillas fracturadas.

Asimismo, sostuvo que la investigación determinó que el procedimiento policial comenzó en territorio de la provincia de San Luis, donde, según afirmó, se realizaron allanamientos, requisas y secuestros sin autorización judicial, por lo que esas actuaciones serían nulas por violar garantías constitucionales.
Finalmente, el fiscal destacó que la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de La Rioja dispuso el apartamiento preventivo de todos los efectivos involucrados en la causa, incluyendo al jefe y al subjefe de la dependencia policial, mientras avanza la investigación judicial.